Al cierre de esta edición aún faltaba la revisión del Senado a la iniciativa reformada por los diputados, pero éstos hicieron algunas modificaciones que probablemente ya no se tocarían en la cámara alta. Por ejemplo, los productores del campo quedarán exentos del ISR cuando sus ingresos no rebasen el equivalente a 40 salarios mínimos anuales de su zona geográfica (unos 900 mil pesos en donde es más elevado), y las empresas del sector cuando no pasen de 200 (aproximadamente 4.5 millones de pesos). Otra modificación que beneficia a agricultores y ganaderos es la abolición del impuesto a los depósitos en efectivo, pues ellos, por la naturaleza de su actividad, realizan gran parte de sus transacciones en dinero contante y sonante, y la creciente inseguridad que vivimos hace muy desaconsejable traerlo en la bolsa. El rechazo de los diputados a la pretensión de cobrar el impuesto al valor agregado (IVA) a la enajenación de inmuebles también beneficia a los productores, muchos de los cuales adquieren o alquilan tierras para actividades agrícolas y ganaderas.
En cambio, una serie de aumentos a ciertos impuestos y la creación de otros afectarán sin duda al sector agropecuario. Muy notablemente, el nuevo gravamen de 9% a los fertilizantes y plaguicidas químicos, el mayor aumento mensual al precio de gasolina y diesel, y, para los de la frontera, el paso de 11% a 16% en el IVA. Ciertos sectores serán afectados por gravámenes especiales. Es el caso de los cañeros, pues ahora las bebidas azucaradas pagarán un peso por litro del "impuesto antiobesidad" y los llamados alimentos "chatarra" una contribución de 5% para lo mismo. El mayor peligro para este subsector agrícola –ya muy golpeado por la caída en los precios internacionales del dulce–, sin embargo, es la reacción que pueda tener la industria refresquera, que ya ha sustituido hasta en dos tercios el uso de azúcar por otros edulcorantes como la fructosa de maíz, en su mayor parte importada, y que podría aumentar esta proporción.
Hasta el momento falta por ver cómo quedará luego de la revisión en el Senado lo que tiene que ver con el llamado régimen de flujo –la diferencia entre lo que cobran y lo que gastan los productores–, es decir, la base actual para el impuesto de una gran cantidad de contribuyentes pecuarios, como los lecheros, pues en la iniciativa se pretende retirarlo para sustituirlo con un complicado sistema para el cual los productores no están preparados.
Los dirigentes del sector han dejado claro que éste no se niega a pagar impuestos; incluso, el Consejo Nacional Agropecuario admitió que se podía aceptar un ISR de hasta 26%. Lo que sí exigen es que los procedimientos de tributación sean claros y sencillos de aplicar, y sobre todo que no quiera tratarse a los productores del campo como a la gran industria y al comercio. Debe considerarse que nuestro mercado de bienes agropecuarios es ya uno de los más abiertos del mundo, y que sus principales competidores son países que conceden numerosas exenciones de impuestos y subvenciones a sus agricultores y ganaderos
